El pasado viernes 17 de enero, nuestra asociación, Triángulo Azul Stolpersteine de Andalucía, se reunió con la Fiscal de Memoria Democrática de Córdoba, Flor Aguado, para presentarse y trasladarle todo lo que hace la asociación en materia de memoria.
Hablamos de la posibilidad de iniciar un procedimiento de jurisdicción voluntaria para declaración judicial de hechos pasados, creado por la Ley de Memoria Democrática, que tiene naturaleza civil y su objeto es la declaración por un órgano judicial de la realidad y circunstancias de hechos determinados ocurridos en el pasado.
La Fiscalía de Córdoba, en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, podrían iniciar el procedimiento a la petición recibida de familiares, si fuera posible, que puede ser canalizada a través de la Asociación.
El procedimiento de jurisdicción voluntaria para declaración judicial de hechos pasados, creado por la Ley de Memoria Democrática, tiene naturaleza civil y su objeto es la declaración por un órgano judicial de la realidad y circunstancias de hechos determinados ocurridos en el pasado.
Este procedimiento constituye una valiosa herramienta más que el ordenamiento jurídico pone a disposición de las víctimas y del Ministerio Fiscal a fin de garantizar los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que son pilares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Otra opción de la que estuvimos hablando era poner todos nuestros datos, nuestros testimonios, nuestra colaboración como familiares a la investigación de la Fiscalía que está realizando (desde el año pasado, después de su visita a Mauthausen) sobre la muerte de miles de españoles en los campos de exterminio nazis.
La Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado , en cumplimiento de lo dispuesto en la ley de Memoria Democrática, ha incoado diligencias de investigación para esclarecer las responsabilidades pertinentes y la existencia de una posible estrategia conjunta entre la dictadura española encabezada por Francisco Franco y el Régimen Nazi en la detención y posterior traslado de miles de españoles exiliados en Francia, a diferentes campos de exterminio . Entre esos campos destacaron Mauthausen y Gusen, ambos en Austria, donde fueron sometidos a trabajos forzados, tortura, desaparición y asesinato.
La Fiscal de Sala solicitó al Fiscal General liderar esta investigación tras tomar conocimiento del expediente tramitado por la Magistrada del Registro Civil Central para la inscripción de la defunción de los 4.435 españoles fallecidos, principalmente en aquellos campos, muchos de los cuales no se han podido identificar aún.